Los vehículos no sólo son remolcados incorrectamente estacionados y colocados en la policía, sino también después de sospecha de un crimen cometido con usted o suponiendo que el propietario los había abandonado. Dependiendo de cuánto tiempo tome una "confiscación" de la policía, el propietario puede recibir más tarde una factura salada por estos gastos de alojamiento. Peor aún, por lo general tiene que pagar las sumas que se le requieren para pagar con el fin de recuperar la propiedad del vehículo.
En el caso concreto, el vehículo había sido confiscado en junio de 2011 bajo sospecha de utilizar una perrera de vehículos falsos y una solicitud de retención de las placas de matrícula como prueba con la devolución del vehículo había sido rechazada por el tribunal en 2011 y 2012. No fue hasta noviembre de 2014 cuando se dictó una pequeña multa, con el argumento de que el acusado había sido admitido. La sorpresa llegó cuando se trataba de recoger el vehículo: la plaza de aparcamiento exigía más de 17.000 euros en la mano debido a la vida útil de aprox. 3 años y medio y había que determinar que el vehículo estaba en unas condiciones lamentables y no apto para conducir después de todo este tiempo sin protección al aire libre.
Después de que se hayan presentado sin éxito la cancelación de los costes de almacenamiento, el segundo La Sala de Primera Instancia de Orihuela ahora (el 28.9.2015) toma una decisión muy interesante que merece ser publicada:
La Fiscalía había solicitado que se denegara la entrega indefinida, en relación con las disposiciones de la Sra-enverkehrgesetz (RD Legislativo 339/90, de 2.3.1990), lo que, en el caso normal de confiscación por parte de la policía o de las autoridades, establece el principio de pago de las costas de alojamiento por parte del propietario como condición de recuperación. Sin embargo, el tribunal ha reconocido que este argumento es breve: dado que, en el caso concreto, la acusación de una infracción penal contra el propietario se sigue utilizando durante meses o meses. Se ha establecido durante años y, por lo tanto, no es una incautación (a corto plazo), que puede completarse definitivamente mediante el pago de una multa inmediatamente determinada (como en el caso de aparcamiento falso), deben utilizarse las normas para el almacenamiento de pruebas, y después de eso el vehículo podría haber sido entregado al interesado en referencia a su obligación de conservar (más precisamente en real Decreto 2783/1976). Dado que al propietario no se le ha ofrecido esta medida mucho menos onerosa e incluso sus solicitudes de re-garantía simplemente fueron rechazadas sin ninguna indicación, el Estado debe ahora asumir los costos de almacenamiento, al igual que para las armas de fuego u otras pruebas.
Esto significa que nuestra solicitud a favor del propietario ya ha sido aprobada y se ahorra los más de 17.000 euros que se le habían exigido. El estacionamiento del estado (o de operación privada) todavía está abierto a los daños causados por el estado (o la plaza de estacionamiento de operación privada).
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